Patricia Tappatá Valdez, investigadora de la misión de la ONU en Venezuela, dialogó con Eduardo Feinmann sobre las violaciones a los DDHH en aquel país.
Repasá las frases más destacadas
-“Naci en Bahía Blanca”
-“Mi trayectoria de trabajo ha sido siempre en defensa de los DDHH, desde la sociedad civil. En Perú inicié desde la Iglesia católica y en ongs”
-“Esto es una responsabilidad que tengo, ad honorem. La ONU nombra expertos independientes, como en este caso, para que investiguemos y presentemos las conclusiones al Consejo de los DDHH, que funciona en Ginebra”
-“Esta misión de Determinación de hechos funciona desde el 2020 y ha presentado tres informes”
-“La conclusión, global, es que la situación de respeto a los DDHH en Venezuela no es buena y hay problemas serios que deben enfrentarse”
-“En el 2020 se prestó atención a los seis aparatos de seguridad que posee Venezuela para el control social y reprimir a la disidencia”
-“El uso sistemático de la tortura no se resuelve”
-“El cierre del espacio cívico afecta la convivencia democrática”
-“Como misión no tenemos capacidad ni mandato para definir el régimen político”
-“Investigamos y establecemos qué hecho son claramente violatorios a los DDHH. En el caso de Venezuela, la misión ha concluido que hay razones suficientes para creer en que el uso sistemático de la tortura es compatible con crímenes de lesa humanidad”
-“El mandato encomienda que investiguemos ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tratos crueles inhumanos y degradantes desde el 2014 al presente”
-“Lo que sustancialmente ocurre es que hay un plan diseñado desde las más altas autoridades del Ejecutivo para silenciar la disidencia política”
-“Los opositores a quienes ocupan el poder, de organizaciones sociales o periodistas, en general deben ser controlados y silenciados con el objetivo de sostener el poder”
-“No todos son opositores políticos, pero a veces los gobiernos los perciben como opositores”
-“Hemos realizado cientos de entrevistas”
-“En el 2020 se tomaron casos referidos a ejecuciones extrajudiciales”
-“En el 2021, al poder judicial como ariete del Ejecutivo y en el 2022 nos referimos a los aparatos de inteligencia, el Cevin y a la Dirección General de Inteligencia Militar. Unos 120 casos”
