Carlos Amad, fiscal general de Salta, habló con Eduardo Feinmann sobre  las irregularidades encontradas en las pensiones por incapacidad laboral de Taco Pozo, donde se imputó al intendente, a su hija y a la jefa de ANSES.

Repasá las frases más destacadas
-“La denuncia decía que en una localidad de 9.000 personas, había aproximadamente 1.000 pensiones por discapacidad”
-“Al principio, obviamente, tuvimos todos los palos en la rueda. La administración anterior no nos contestaba los oficios, nos contestaba con cuentagota, o parcialmente”
-“Cuando pudimos acceder a la información a través de su nuevo director, que es el doctor Españolo, me contestó rápidamente los oficios, y bueno, con esa información pudimos cruzar las bases que teníamos”
-“Produjimos una serie de allanamientos, donde encontramos cuadernos, anotaciones, que tenían que ver, digamos, con retorno de algo que hasta ese momento no sabíamos que era”
-“Se determinó que un alto porcentaje era trucho y que los certificados eran falsos”
-“Había personas que nunca habían ido a un médico pero que había ido a la municipalidad a buscar un bolsón de comida, una ayuda, y salió con una pensión graciable de por vida”
-“En total son trece personas las que intervinieron en el otorgamiento y en el trámite de estas pensiones”

-“En total son trece personas las que intervinieron en el otorgamiento y en el trámite de estas pensiones”

-“Fueron imputadas por fraude en perjuicio de una administración pública, malversación y asociación ilícita”

-“En Taco Pozo están identificados todos y cada uno de los beneficiarios que utilizaron y cobraron esto de manera irregular”

-“Vamos a imputar a las personas que realmente sabían de esto, no a personas que están en un estado de vulnerabilidad total”

-“Hay personas que no sabían qué era esto, porque nos hemos encontrado con quienes cobraban el beneficio y pensaban que era una ayuda municipal”

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